En el Tolima está el primer conciliador entre la ley ancestral y la legislación de blancos. En tiempos en los que todavía se discute la implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, así como los alcances de la Justicia Especial para la Paz, las comunidades indígenas en el Tolima tienen mucha lecciones y aprendizajes para contar.
En territorios donde el rigor de la guerra enfrentó a grupos armados, la justicia indígena se abrió campo y se hizo respetar, con el uso de la razón, por encima del predominio de la fuerza y las armas.
En medio de un mapa de contrastes, el sur del Departamento estigmatizado por largos años como cuna de movimientos alzados en armas, pero reconocido también como tierra de presidentes y connotados juristas, también suma entre sus haberes el contar con el primer conciliador entre el derecho natural de las comunidades étnicas y la legislación blanca en Colombia.
EL rol de conciliador
A sus casi 60 años, Nelson Martínez es un hombre vigoroso, pausado y brillante de quien a primera vista nadie se imaginaría ha ejercido como magistrado del Tribunal Indígena del Tolima, versado en leyes de los 102 pueblos aborígenes reconocidos en el territorio nacional y activista desde tiempo atrás del ejercicio de la autoridad y autonomía de los pueblos ancestrales.
Siempre acompañado de su sombrero, y su mochila terciada, Nelson se codea como él mismo dice con fiscales, jueces, oficiales del Ejército y la Policía, y altos funcionarios quienes hoy no sólo le reconocen un estatus especial sino que lo han hecho su consultor acogiendo al pie de la letra sus conceptos y argumentos.
Y no es para menos, este hombre es uno de los gestores de la iniciativa que en 2001 permitió que el Congreso de la República le diera vida al Tribunal Superior Indígena del Tolima, el primero de sus características en Colombia y latinoamérica.
Martínez todavía recuerda uno de los primeros conflictos en los que tuvo que intervenir en una vereda de Ortega por cuenta de un cerdito inquieto que tras devorar unas cuantas matas de maíz provocó la muerte de dos hombres y enfrentó a dos familias, al igual que a guerrilla y paramilitares.
“El dueño de la parcela fue a buscar justicia por derecho propio y le dijo a los paramilitares que el dueño del puerquito era auxiliador de la guerrilla, así que terminaron ajusticiándolo. En venganza los familiares de la víctima recurrieron a la guerrilla y estos también mataron al dueño del animalito. Para cuando tuvimos conocimiento del asunto, los actores armados pedían les incluyéramos en la toma de decisiones, pero fuimos claros con ambos en que ninguno tenía cabida allí por tratarse de un asunto de legislación indígena. Enfrentando todo riesgo, desde ambos lados se respetó nuestra autoridad”, relató.
Ese desafortunado episodio que como bien dicen Nelson habría podido evitarse abrió paso a la constitución de un reglamento interno para atender de manera oportuna este tipo de situaciones.
El ambiente natural en el que Martínez se mueve, día a día es el de la Casa de la Justicia de Chaparral, la Fiscalía y los juzgados.
Según cuenta, durante los primeros años, por sus manos llegaron a pasar hasta cinco mil casos que la justicia ordinaria no había resuelto. Hoy por hoy, durante un mes pueden atenderse en promedio entre 30 y 40 asuntos legales.
Pero el trabajo de Nelson Martínez no se circunscribe únicamente a los resguardos Pijaos, su intervención también se da en el seno de pueblos paeces, guambianos, emberás donde se reconoce su experiencia.
La labor del conciliador también tiene fines humanitarios fue así como, por ejemplo, en una oportunidad se logró la repatriación del cadáver de un indígena quillacinga que había sido aesinado en Calarma, zona rural de Chaparral y cuyos restos debieron ser exhumados con el apoyo del CTI de la Fiscalía para luego ser enviados a Ibarra, en Ecuador tarea que se adelantó en tiempo récord.
Ganándose un lugar
Lograr la aceptación en las esferas de la justicia ha sido un reto para Martínez. Pues a diferencia de los juristas que han pasado 25 años en los claustros universitarios, él se autoproclama un profesional sin títulos, ni cartones.
Sobre la forma de impartir justicia que algunos cuestionan al considerarla menos severa frente a la comisión de ciertos delitos, Martínez defiende su propia tesis y asegura en la justicia indígena ninguna buena o mala acción se deja sin recompensa o sin castigo.
“Somos profesionales a través de la experiencia del cotidiano vivir. A nuestra ley solo la vence la razón y la verdad. Para nosotros un delincuente es un enfermo mental porque no está en sus cabales, tiene un desequilibrio y tiene que ser tratado antes que ser penalizado. Lo que para la justicia formal es un delito para la iglesia es un pecado para nosotros es una falta. Por ende no hablamos de penas si no de sanciones”, explica.
Nelson también destaca cómo el ‘boom‘ de la oralidad que llegó a la justicia colombiana hace apenas unos años venía siendo puesta en práctica por los indígenas de vieja data.
“La justicia tal y como se conoce ha aprendido de nosotros frente a la aplicación de los procesos orales, pues siempre lo hemos hecho. Nuestra legislación tampoco está codificada para aplicar sanciones indscriminadamente, pues consideramos que todo conflicto tiene una causa diferente un atenuante que debe ser tenido en cuenta”, agrega.
También hay severidad
Reconocer la existencia de 102 pueblos indígenas en Colombia es también admitir 102 formas de proceder justicia. Así por ejemplo métodos como el cepo ya no son utilizados por los pueblos pijaos, pero sí por los paeces o los emberás.
“El látigo representa el rayo y es un refrescamiento y el cepo para que se sienta el dolor y la justicia dentro del derecho propio como hijos del agua y descendientes del trueno. Algunos dicen que estos castigos configuran delitos de lesa humanidad porque son como una tortura, pero también se emplean castigos espirituales como un baño de refrescamiento en aguas heladas. Aquí la persona que ha cometido la infracción es acompañada por un médico tradicional, se mambea coca, se practican tres días de ayuno, en los que sólo se les permite consumir maíz o chicha”.
“Los pijaos cambiamos el cepo por el encarcelamiento. Lo que denominamos un encantamiento en la sombra, un tiempo para que piense y reflexione. Pero no es solo eso, además de permanecer encarcelado, al salir el individuo debe continuar con el castigo físico que se paga con 90 o 100 jornales en trabajos forzados. Si hay una lesión también se debe indemnizar en dinero y especie. Y no aplica rebaja de pena alguna”, enfatiza Nelson Martínez.
Precedentes en el país
Y es que la ley indígena en el Tolima ha sentado precedentes en materia de autoridad de los que han conocido incluso las alta cortes.
Rememora Nelson Martínez el episodio en el que una mujer, de 73 años, que desacató la orden de los magistrados del Tribunal para guardar respeto frente al desarrollo de una diligencia en la que se revisaba una demanda por alimentos fue conducida por la Policía y recluida en un calabozo durante tres días.
“La señora era la suegra de la mujer que reclamaba el derecho al reconocimiento sobre la asistencia de los menores. En varias oportunidades dijo que esos niños no eran hijos legítimos y al conminarla a guardar silencio respondió que a ella no la mandaba callar nadie. Yo era coordinador del Tribunal y dispuse tres días de reclusión en el calabozo.
“Lo cierto fue que nos demandaron ante la Corte Suprema de Justicia, pero quedó claro que en nuestro caso el delito es mayor a la edad y hubo un insulto sobre quienes ejercíamos como magistrados pese a haberle hecho tres llamados de atención”, precisó.
Otro caso para recordar fue el del entonces personero de Coyaima quien se abstuvo de comparecer ante una citación del Tribunal, ordenándose su conducción con Policía para someterse a la jurisdicción especial indígena.
Resocializar sin venganza
En tiempos de amnistías en los que se reclama la excarcelación de actores involucrados en el conflicto armado, Nelson Martínez, es un abanderado de la iniciativa para que aquellos hombres y mujeres que hicieron parte de las filas de grupos alzados en armas puedan regresar a sus resguardos para ser resocializados bajo los parámetros de sus leyes, sin perder lo otros beneficios ofrecidos por el Estado.
“Nosotros miramos eso. Los indígenas que están en las filas, si son menores de edad, no entran al colectivo de sanciones. Los mayores que se queden en los resguardos para resocializarlos dentro de la jurisdicción especial indígena. Esperamos que los taitas y mamos asuman este rol y lo sepan entender”, sostiene Martínez.
Agrega este pionero en conciliación indígena que “no queremos individuos en las cárceles porque son sepulturas de hombres vivos” y sugiere que en su lugar paguen sus sanciones en colonias donde produzcan, sin pensar en la venganza sino en el porvenir.
“Sería interesante que todos estos encarcelados salieran, incluidos los militares que han cometido errores y se les diera esa amnistía para resocializarlos. A eso le apuntamos a la espiritualidad a cambiar el pensamiento y el sentimiento para que haya cero retaliaciones. Es una tarea que seguro nos llevará tiempo”, puntualiza al sentenciar que la de sus ancestros en una legislación sin rencores y sin venganza en la que el principio para resolver los conflictos es hacer que cada una de las partes se ponga en los zapatos del otro, para aprender y corregir.
