Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los últimos 45 años han sido desaparecidas 60 mil 630 personas en medio del conflicto armado.
Por: Julieth Romero
Reportes de la Fiscalía General de la Nación indican que dos mil acciones ejecutadas por las Farc se ajustan como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cifra que refleja el actuar indolente de este grupo que durante medio siglo causó dolor y estuvo en listados internacionales de grupos terroristas.
Pese a que el año pasado se firmó el acuerdo de paz, en las últimas semanas tanto las Farc como el Gobierno nacional han pasado de tener acuerdos claros y fechas fijas, a aplazamientos que desvirtúan el proceso de reconciliación y reincorporación a la vida civil de los, ahora, desmovilizados. En la actualidad, los ojos están puestos en el incumplimiento del Gobierno frente a la entrega de las zonas veredales en buenas condiciones, el desarme que debía haberse cumplido en su totalidad hasta el pasado 31 de mayo, y el tropiezo que tuvo lo negociado con el fallo de la Corte Constitucional frente al ‘fast track’.
En estos tres puntos se centra la preocupación de los implicados, pero se sigue observando apatía y desinterés por quienes fueron víctimas de la guerra, como civiles, policías, militares y políticos desaparecidos. Han pasado meses y no hay respuestas a sus familiares, si están vivos o muertos.
Durante los diálogos se definió el acuerdo sobre las víctimas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), quinto punto en la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba, pero poco se habla de este aspecto, lo que ha incrementado sentimientos de impotencia, dolor y nostalgia.
NUESTRA habló con una de las familias tolimenses que se rehúsa a perder las esperanzas en este camino enlodado, que sigue esperando respuestas en medio de un destino que nunca eligió y que lo ha enfrentado con agallas.
Raquel Romero Naranjo es la madre de Edwin Alberto Sánchez, cabo del Ejército Nacional desaparecido el 5 de diciembre de 2000, en una emboscada guerrillera en la vereda Pueblo Viejo, de Cabrera, Cundinamarca, cerca de la base militar en el páramo de Sumapaz. Como víctima directa sigue viviendo entre la angustia y la impotencia, por lo que ha optado por referirse poco a su situación. Ahora, y tras padecer un calvario que solo lo entienden las madres que están en su misma realidad, quiso alzar la voz: “Siento nostalgia y mucho resentimiento hacia las Farc, de ver que a nosotros no nos dieron respuestas de nada.
Ya son 17 años y no hemos sabido nada de mi hijo”. También, indicó que firmado el acuerdo de paz su esperanza brilló con más fuerza, pero poco a poco y nuevamente se ha opacado. “Yo pensé que iba a haber ya respuestas de los desaparecidos; nos iban a notificar algo, pero nada. Necesitamos que el Gobierno haga justicia y que no se quede esto impune”.
El mismo sentimiento tiene Fredy, hermano del cabo Sánchez, quien creyó en los diálogos y sus acuerdos: “Dentro de los puntos que nos dieron a conocer estaba la verdad, la justicia y la reparación. Para nosotros lo principal son la verdad y la justicia y hasta el momento no se ha dado ninguna.
Como hermano de Edwin y después de tanto tiempo, creo que la justicia la va a brindar la ley divina, porque el Gobierno no lo va a lograr. Y la verdad, posiblemente, en estos años de transición para mejorar el país, ayudaría a sanar, al menos, las heridas que han dejado en nuestra familia”.
La soberbia gana
“Siempre vamos a tener la esperanza de que llegarán respuestas, pero en mis pensamientos, las noticias que vemos, las acciones de la guerrilla y la soberbia, me dan a entender otra situación diferente, que será difícil llegar a la justicia y la verdad. La soberbia es la que ha alimentado esta guerra, y si sigue existiendo en la guerrilla y el Gobierno, en un tire y afloje, no se va a lograr nada”, enfatizó Fredy, quien con dolor evidente envió un mensaje a las Farc instándolas a “perseguir la paz, para que lo que nos pasó a nosotros no ocurra nunca más en familias de civiles ni en familias de guerrilleros”.
Una felicidad a medias
Durante 10 años, Olga Lucía Rojas Medina fue coordinadora de la Asociación de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, Asfamipaz, en el Tolima, tiempo que dedicó para buscar a su hermano, el intendente de la Policía Wilson Rojas, secuestrado por las Farc el 12 de julio de 1999, en Puerto Rico, Meta. Luego de combatir durante tres días en la Estación de Policía de ese municipio, 28 uniformados fueron raptados y cinco más murieron.
Ella y sus familiares supieron que desde aquel día sus vidas no iban a ser como antes, y que la lucha iniciaría para encontrar a su hermano, quien dejó tirado un papel en la zona de combate con su nombre y cédula como prueba de que había caído en las ‘garras’ del secuestro.
Con lágrimas, Olga recordó aquel momento, cuando su corazón presintió que algo estaba mal, y que hoy no lo supera, aunque por su insistencia, la de sus padres y hermanos, él regresó a casa después de 12 años y ocho meses en cautiverio. “Hubo mucho dolor, tristeza, impotencia y humillación, porque tuvimos que recorrer muchos sitios donde pudiéramos tener un acercamiento con la guerrilla.
Estuvimos en Cartagena del Chairá (Caquetá), estuvimos en Los Pozos (Caquetá) para suplicarles en medio de reuniones que lo regresaran”. Estos son algunos de los sitios que visitaron en busca de garantías y tratos con las Farc, experiencia que le quitó la venda de los ojos para tomar consciencia de la realidad de una Colombia dominada por este grupo guerrillero con total legitimidad en diferentes departamentos. “Conocí el conflicto y aterricé. Cuando uno veía los secuestros en la televisión siempre pensaba que no le iba a tocar. Cuando nos pasó, enviábamos los mensajes por los medios de comunicación y les decíamos que se solidarizaran con nuestro dolor”.
Cuando su hermano regresó a la ‘vida’, el 2 de abril de 2012 junto a nueve integrantes de la Fuerza Pública con la implementación del operativo humanitario denominado ‘Libertad’, en Villavicencio, y liderado por Piedad Córdoba, Olga sintió que “la felicidad no fue completa, no crea. ¿Por qué?, porque se quedaron unos y todavía es la hora en que no llegan. Rogamos a Dios para que permita a todas aquellas familias que aún no saben de sus seres queridos, tengan noticias, así sean buenas o malas; que sepan la verdad de los hechos para que queden tranquilas”, resaltó la excoordinadora.
Respuestas sin acciones
Hace algunas semanas, ante un medio de comunicación nacional, Seusis Pausias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, miembro del Secretariado de las Farc y jefe guerrillero, dijo querer reconciliar a las víctimas: “Esta es una guerra terrible donde ha muerto gente de lado y lado… Como consecuencia de acciones nuestras hay víctimas y lo que creo es que hay que reivindicarlas. Yo tengo un sentimiento profundo de reconciliación con todo aquel que haya sido tocado por nuestras acciones. Pienso que a las víctimas hay que darles un tratamiento de patria, un tratamiento de amor y de reconciliación.
Nosotros en las víctimas hemos sentido más compresión que en los victimarios que han estado de parte del Estado”.
La opinión de Olga disiente con lo afirmado por ‘Santrich’. Como conocedora de la batalla que han librado cientos de colombianos en busca de la verdad, dijo que por las dudas que se han generado tras la esperada firma de paz no existe claridad de “muchas cosas, de lo contrario las familias de policías, militares y civiles ya tendrían razones de ellos. Hay falencias, no se les ha hablado a las víctimas como debe ser, porque no han hecho las investigaciones a fondo. Eso hace que el proceso de paz no sea tan transparente”.
Y, ¿hasta cuándo?
Por medio de la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), se busca satisfacer los derechos y resarcir a las víctimas del conflicto, “para la consolidación efectiva de la transición y la construcción de la paz estable y duradera”. Pero, ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar las víctimas de este conflicto?
Este Sistema está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. Cada uno de ellos tiene funciones que deben marchar simultáneamente.
En este sentido, el clamor de los rostros del conflicto centra su fe en la Unidad de Búsqueda, que es “el mecanismo extrajudicial y humanitario encargado de la búsqueda, la localización, la identificación y la entrega digna de las personas dadas por desaparecidas”. (Decreto 589 de 2017).
Aquí, expertos apuntan a que aún está frío el panorama para que realmente se den resultados rápidos y definitivos. Las dificultades técnicas y políticas sobresalen entre las posibles soluciones. El grupo guerrillero no habla de frente de quienes fueron absorbidos por el conflicto y no volvieron a aparecer. La voluntad de encontrarlos sigue retirada, en silencio y desenfocada.
Para víctimas
Recientemente, la Fiscalía General de la Nacional reveló que alrededor de 622 cuerpos de víctimas del conflicto como guerrilleros, civiles y actores del conflicto han sido exhumados. Estos resultados se conocieron luego de más de año y medio de pactado el acuerdo humanitario entre las Farc y el Gobierno en Cuba. De los restos hallados se han entregado 54 y los demás están en proceso de identificación.
En 2000, la desaparición forzada fue considerada un delito y se estableció la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La ley aclara que incurre en este delito aquel “que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero”.
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